El abogado y académico Gonzalo Arenas, director de la Escuela de Derecho y del Magíster en Pensamiento Político de la Universidad San Sebastián, da cuenta de los principales órganos e hitos que componen el nuevo proceso constituyente.
La semana recién pasada fue promulgada la iniciativa de Ley que habilita un nuevo proceso constituyente, estableciendo un procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva Carta Magna. En estos días, el Congreso abrirá el proceso para constituir la Comisión de Expertos y el Comité de Admisibilidad, lo que debería quedar zanjado durante enero. ¿En qué consiste este nuevo proceso?
Según Gonzalo Arenas, director de la de la Escuela de Derecho y del Magíster en Pensamiento Político de la Universidad San Sebastián, “es un sistema complejo, que trata de mantener el equilibrio entre voluntad popular, tradición constitucional y expertos”.
Para este nuevo proceso constitucional se establecen tres organismos fundamentales:
Comisión de Expertos: Su principal función es redactar una propuesta completa de nueva Constitución en tres meses: entre el 6 de marzo y el 6 de junio. Cumplido el plazo, debe presentar su proyecto de ley al Consejo Constitucional, y luego mantendrá derecho a voz durante todo el proceso. Las decisiones que tomen serán aprobadas por un quórum de 3/5.
Esta comisión estará compuesta por 24 miembros, elegidos con paridad por el Congreso: 12 serán propuestos por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados. Deben poseer título universitario o grado académico de al menos 8 semestres y experiencia laboral comprobada de al menos 10 años.
Consejo Constitucional: “Decidirá cuál va a ser el texto definitivo de la Constitución. Su función es la de aprobar, reformar o incorporar nuevas normas al texto propuesto por la comisión de expertos”, dice Arenas.
Este órgano estará conformado por 50 personas, electas por la ciudadanía de forma paritaria según distritos senatoriales, el próximo 7 de mayo. A esos 50 escaños, se deben agregar algunos escaños reservados para pueblos originarios.
Este último número dependerá de cuántas personas vayan a votar por candidatos de pueblos originarios. Si esa votación suma al menos 1,5% de la votación total, va a haber un escaño reservado; si suman 3,5% habrá un segundo escaño, y a medida que el porcentaje aumente, cada 2%, se irá sumando un escaño. “Es probable que alcance para uno o dos escaños de pueblos originarios, de manera que el Consejo debería estar compuesto por 51 o 52 consejeros”, explica Arenas.
Comité Técnico de Admisibilidad: Está compuesto por un equipo paritario de abogados con al menos 12 años de experiencia profesional, presentados por la Cámara y ratificados por el Senado por 4/7. Este será el ente encargado de velar porque cada propuesta del Consejo Constitucional respete los principios establecidos en el artículo 154, que establece los límites constitucionales impuestos en el acuerdo constituyente.
Labor del Consejo Constitucional
El día 7 de junio se instalará el Consejo Constitucional, que tendrá cinco meses para tener la propuesta de texto definitiva. “Va a funcionar con los 50 miembros electos, más uno o dos escaños reservados, más los 24 del comité de expertos. Es decir, vamos a tener cerca de 75 miembros en el Consejo Constitucional”, indica Gonzalo Arenas. Sin embargo, solo tendrán derecho a voto los miembros electos y escaños reservados.
Una vez que el texto final salga del Consejo Constitucional, existe una última instancia: el comité de expertos hará un informe sobre el proyecto que se aprobó. Ese informe tendrá nuevas propuestas, las que requieren aprobación de 3/5 de los miembros del Consejo Constitucional, y pueden ser rechazadas por 2/3.
Aquellas propuestas del Comité de Expertos que no tengan los votos para ser aprobadas ni rechazadas, pasan a una comisión mixta, compuesta por 6 miembros del Consejo Constitucional y 6 miembros del Comité de Expertos. Esta deberá dar soluciones por 3/5 de sus miembros para aprobarlas; de no alcanzar ese quórum, las disposiciones serán rechazadas.
El texto final se entregará a la ciudadanía el 7 de noviembre, y el día 17 de diciembre se realizará un plebiscito de carácter obligatorio, donde el país decidirá si aprueba o rechaza esta nueva Constitución.